Fecha de recepción: 00/10/2023 Fecha de aprobación: 00/11/2023 https://www.riceso.org 249 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología, ISSN 3117-2660. Vol. 1, No. 2, Año 2026
https://www.riceso.org 250 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO El Derecho Canónico como sistema jurídico autónomo frente al derecho estatal Canon Law as an Autonomous Legal System in Relation to State Law Resumen: Este ensayo examina la autonomía jurídica del Derecho Canónico frente al Derecho Estatal a partir de su configuración como ordenamiento interno de la Iglesia Católica. A partir de un enfoque jurídico-teórico y comparativo, se analizan los elementos que permiten identificarlo como un sistema normativo sui-generis: fuentes, autoridades, tribunales, procedimientos, mecanismos de aplicación y potestad sancionadora. El estudio parte de la distinción entre Derecho Canónico y Derecho eclesiástico Estatal, a fin de distinguir entre el derecho producido por la Iglesia para regular su vida interna y el derecho del Estado sobre el fenómeno religioso. En tal tenor, sostenemos que el Derecho Canónico puede ser considerado un verdadero sistema jurídico autónomo, en tanto organiza una comunidad institucional determinada y produce consecuencias jurídicas dentro de ella. Sin que esta autonomía implique la soberanía absoluta, pues sus efectos civiles dependen del reconocimiento estatal y encuentran límites en los derechos fundamentales, el orden público y la soberanía estatal. Palabras claves: Derecho canónico; autonomía jurídica; pluralismo jurídico; Iglesia católica; derecho estatal; tribunales eclesiásticos, orden público. Isabella María Chanel López Caroline Polanco Moronta Warren Benjamín Peguero Sánchez Juan Amadís Socorro Ovalles https://orcid.org/0009-0007-9969-0468 https://orcid.org/0009-0008-6066-0621 https://orcid.org/0009-0009-0787-1662 https://orcid.org/0000-0001-5233-2515 isabella.chanellopez@gmail.com carolinepolancomoronta27@gmail.com benjaminpeguero351@gmail.com amadis_31@hotmail.com Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pontificia Universidad Javeriana República Dominicana https://doi.org/10.66136/kg5xx763 Received: 21/07/2026 Accepted: 01/11/2026 Published: 15/11/2026 Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología https://www.riceso.org editor@riceso.org © 2026. Este artículo es un documento de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la Licencia Creative Commons, Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
https://www.riceso.org 251 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO ABSTRACT This essay examines the legal autonomy of Canon Law in relation to State Law, based on its configuration as the internal legal system of the Catholic Church. Adopting a theoretical, legal, and comparative approach, the study analyzes the elements that characterize Canon Law as a sui generis normative system, including its sources, authorities, courts, procedures, enforcement mechanisms, and sanctioning powers. The analysis begins by distinguishing Canon Law from State Ecclesiastical Law, thereby differentiating between the legal norms established by the Church to regulate its internal affairs and those enacted by the State to govern religious matters. In this regard, we argue that Canon Law can be regarded as a genuinely autonomous legal system, insofar as it governs a specific institutional community and produces legal effects within it. However, such autonomy does not entail absolute sovereignty, since its civil effects depend on recognition by the State and remain subject to the limitations imposed by fundamental rights, public order, and state sovereignty. Keywords: Canon Law, normative autonomy, legal pluralism, State Law, ecclesiastical courts, public order. Ensayo
https://www.riceso.org 252 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO INTRODUCCIÓN El derecho canónico constituye uno de los sistemas normativos más antiguos e influyentes de la tradición jurídica occidental. Aunque con frecuencia se le asocia únicamente con la dimensión religiosa de la Iglesia Católica, su alcance excede el plano espiritual, pues regula la organización interna de la Iglesia, los derechos y deberes de sus fieles, el ejercicio de la autoridad eclesiástica, los procedimientos judiciales y determinadas consecuencias disciplinarias. En ese sentido, el derecho canónico puede ser entendido como un verdadero ordenamiento jurídico interno, dotado de normas, instituciones, tribunales y principios propios (UNIR Revista, 2021). La relevancia académica de este tema radica en que permite analizar la coexistencia de distintos sistemas jurídicos dentro de una misma realidad social. Mientras el derecho estatal se fundamenta en la soberanía del Estado y se impone mediante instituciones públicas con poder coercitivo, el derecho canónico se desarrolla dentro de la Iglesia católica como una estructura normativa autónoma, orientada a ordenar su vida interna y regular la conducta de sus miembros. Esta relación resulta especialmente importante porque, aunque ambos ordenamientos poseen fuentes, finalidades y autoridades distintas, pueden entrar en contacto en ámbitos como el matrimonio, la administración patrimonial, la disciplina eclesiástica o el reconocimiento de ciertos efectos civiles. El presente ensayo se delimita al estudio del derecho canónico de la Iglesia católica como sistema jurídico autónomo frente al derecho estatal, tomando como punto de referencia el Código de Derecho Canónico de 1983 y su organización normativa contemporánea. Desde el punto de vista geográfico, el análisis se ubicará en el contexto de los Estados constitucionales contemporáneos de tradición occidental. No se pretende estudiar todo el contenido del derecho canónico, sino analizar los elementos que permiten considerarlo un ordenamiento jurídico propio: sus fuentes, normas, autoridades, tribunales, procedimientos y mecanismos de aplicación. Desde un enfoque jurídico-teórico y comparativo, el análisis prestará especial atención a la diferencia entre el derecho canónico y el derecho eclesiástico del Estado. Mientras el derecho
https://www.riceso.org 253 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO canónico nace de la autoridad de la Iglesia y regula su vida interna, el derecho eclesiástico estatal se refiere al conjunto de normas producidas por el Estado para regular el fenómeno religioso y las relaciones entre el poder público y las confesiones religiosas (Ferrer Ortiz, 1996). Esta distinción resulta esencial para evitar confusiones conceptuales y comprender que la autonomía canónica no implica aislamiento absoluto, sino coexistencia con el ordenamiento estatal. Analizar el derecho canónico como sistema jurídico autónomo permite comprender que la juridicidad no depende exclusivamente del Estado. Si bien el derecho estatal posee el monopolio de la fuerza pública dentro de su territorio, también existen ordenamientos no estatales que regulan conductas, atribuyen competencias, reconocen derechos, imponen deberes y establecen procedimientos de decisión. En el caso de la Iglesia católica, esta autonomía normativa se expresa no solo en su Código de Derecho Canónico, sino también en el desarrollo de ramas especializadas dentro del propio ordenamiento eclesial, como el derecho administrativo canónico, lo cual evidencia la complejidad institucional de este sistema jurídico (Daza Amaya, 2019). El objetivo de este ensayo es analizar si el derecho canónico puede ser considerado un sistema jurídico autónomo frente al derecho estatal, tomando en cuenta su naturaleza normativa, su estructura institucional y sus mecanismos internos de aplicación. Para ello, se examinarán sus principales características como ordenamiento jurídico, sus diferencias frente al derecho estatal y los límites que enfrenta cuando sus efectos trascienden el ámbito interno de la Iglesia. Los Autores Gálvez, Rossis y Socorro (2026) afirma que “el análisis histórico del Derecho Canónico exige reconocer que su configuración no respondió a la creación inmediata de un código completo y sistemáticamente organizado. Su desarrollo fue progresivo y estuvo estrechamente vinculado con el crecimiento institucional de la Iglesia” (p. 84). En ese sentido, se sostiene como tesis que el derecho canónico sí puede ser considerado un sistema jurídico autónomo, porque cuenta con normas, fuentes, autoridades, tribunales, procedimientos y sanciones propias. Sin embargo, dicha autonomía no debe entenderse como absoluta, ya que el derecho canónico debe coexistir con el derecho estatal y encuentra límites cuando sus decisiones o instituciones producen efectos en el ámbito civil, afectan derechos fundamentales o se relacionan con el orden público estatal.
https://www.riceso.org 254 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO DESARROLLO El derecho canónico puede ser analizado como un sistema jurídico autónomo porque no se reduce a una simple manifestación religiosa o moral, sino que posee una estructura normativa propia. Un sistema jurídico no se define únicamente por pertenecer al Estado, sino por contar con normas obligatorias para una comunidad determinada, autoridades encargadas de producirlas y aplicarlas, procedimientos para resolver conflictos y mecanismos para proteger el orden interno. En este sentido, el derecho canónico regula la organización, el funcionamiento y la vida interna de la Iglesia católica, estableciendo derechos, deberes, competencias, sanciones y procedimientos aplicables a sus fieles e instituciones (Pontificia Universidad Javeriana, 2025). Esta característica permite sostener que el derecho canónico no es solamente una doctrina espiritual, sino un verdadero ordenamiento jurídico que opera dentro de una comunidad específica: la Iglesia católica (véase Tabla 1). Tabla 1: Cuadro Comparativo entre el Derecho Canónico y Derecho Estatal Aspecto Derecho Canónico Derecho Estatal ¿De dónde proviene? Revelación, tradición, magisterio y leyes de la Iglesia Constitución, leyes y reglamentos Autoridad Papa y obispos Autoridades y órganos del Estado ¿A quién se aplica? A los fieles y a las instituciones de la Iglesia A las personas dentro del territorio del Estado Sanciones Sanciones establecidas por la Iglesia Sanciones aplicadas mediante el poder público Tribunales Tribunales eclesiásticos Tribunales del Estado Finalidad Salvación de las almas (salus animarum) Orden público y convivencia social Fuente: Elaboración propia.
https://www.riceso.org 255 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO La autonomía del derecho canónico se advierte, en primer lugar, en la existencia de fuentes propias. Mientras el derecho estatal encuentra su fundamento en la Constitución, la ley, los reglamentos y demás actos emanados de órganos públicos, el derecho canónico se apoya en fuentes de naturaleza eclesial, como la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia, los concilios, las decisiones pontificias, la costumbre canónica, los actos administrativos eclesiásticos y el Código de Derecho Canónico. Esta diferencia de fuentes revela que el derecho canónico no nace de la voluntad del Estado, sino de la autoridad propia de la Iglesia, la cual se organiza jurídicamente conforme a su misión religiosa e institucional (UNIR Revista, 2021). Por tanto, su autonomía no debe entenderse como aislamiento absoluto del derecho estatal, sino como capacidad de producir y aplicar normas propias dentro del ámbito eclesial. Desde los primeros momentos, la Iglesia ha ido configurando un ordenamiento jurídico con clara conciencia de autonomía frente a los sistemas jurídicos seculares: el Derecho Canónico (Salinas, 1996, p. 189). El Código de Derecho Canónico de 1983 constituye una de las principales manifestaciones de esa autonomía normativa. Este cuerpo legal organiza de manera sistemática la vida jurídica de la Iglesia latina y contiene normas sobre materias tan diversas como los derechos y deberes de los fieles, la estructura jerárquica, la función de enseñar, la función de santificar, los bienes temporales, las sanciones y los procesos. La Pontificia Universidad Javeriana señala que dicho Código está compuesto por 1752 cánones organizados en siete libros, cada uno de los cuales regula una dimensión específica de la vida eclesial, desde la organización jerárquica hasta los procedimientos judiciales internos (Pontificia Universidad Javeriana, 2025). Esto demuestra que el derecho canónico tiene una sistematicidad comparable a la de otros ordenamientos jurídicos, aunque su finalidad y fundamento sean distintos. (véase Tabla 2). Tabla 2: Estructura del Código de Derecho Canónico de 1983 Libro Contenido principal Cánones Libro I Normas generales 203 (cc. 1–203) Libro II Pueblo de Dios 543 (cc. 204–746) Libro III Función de enseñar 87 (cc. 747–833) Libro IV Función de santificar 420 (cc. 834–1253) Libro V Bienes temporales de la Iglesia 57 (cc. 1254–1310) Libro VI Sanciones en la Iglesia 89 (cc. 1311–1399) Libro VII Procesos 353 (cc. 1400–1752) Fuente: Elaboración propia.
https://www.riceso.org 256 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO Conviene recordar que el Código de 1983 no es un punto de partida aislado, sino el resultado de un largo proceso de codificación que se remonta al Código de 1917, promulgado por Benedicto XV a partir de los trabajos iniciados en 1904 bajo el pontificado de Pío X, y que constituyó el primer intento de reunir de manera sistemática la legislación canónica dispersa a lo largo de los siglos en el llamado Corpus Iuris Canonici. La convocatoria del Concilio Vaticano II llevó a la Iglesia a emprender una revisión profunda de aquel primer Código, con el propósito de adaptar su contenido a la renovada eclesiología conciliar, proceso que culminó casi dos décadas después de finalizado el Concilio con la promulgación del Código actualmente vigente. A esto se suma que la Iglesia católica, dada su composición por diversas tradiciones rituales, cuenta también con el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, promulgado en 1990 para regular la vida jurídica de las veintitrés Iglesias católicas orientales sui iuris en comunión con Roma. La existencia de dos cuerpos normativos distintos, uno para la Iglesia latina y otro para las Iglesias orientales, confirma que la sistematicidad del derecho canónico no se limita a un solo texto legal, sino que responde a una estructura codificadora más amplia y diversificada de lo que a primera vista podría suponerse. La autonomía canónica también se manifiesta en el hecho de que el derecho canónico regula una comunidad institucional concreta. El Estado regula a la sociedad civil dentro de un territorio determinado, mientras que la Iglesia regula la vida interna de sus fieles y de sus instituciones conforme a una finalidad religiosa y pastoral. Esta diferencia permite comprender que el derecho canónico no pretende sustituir al derecho estatal ni competir con él en todos los ámbitos. Su objeto principal es ordenar la vida de la Iglesia, garantizar la comunión entre sus miembros, regular el ejercicio de la autoridad eclesiástica y proteger los derechos y deberes de los fieles. Por eso, su autonomía debe analizarse desde su propio contexto institucional, y no únicamente desde los criterios del derecho estatal. En segundo lugar, el derecho canónico es autónomo porque posee autoridades propias encargadas de crear, interpretar y aplicar sus normas. La Iglesia católica cuenta con una estructura jerárquica encabezada por el Romano Pontífice, así como con obispos, dicasterios, tribunales, autoridades administrativas y órganos competentes para ejercer funciones de gobierno. Esta organización permite que el derecho canónico se aplique mediante autoridades internas, sin depender directamente de órganos estatales. En ese sentido, la Iglesia aparece como una
https://www.riceso.org 257 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO institución jurídicamente organizada, capaz de establecer reglas, resolver controversias y adoptar decisiones obligatorias dentro de su propio ámbito (UNIR Revista, 2021). Resulta pertinente advertir, sin embargo, que esta organización de la autoridad no responde exactamente al esquema de separación de poderes propio de los Estados constitucionales modernos. En la estructura eclesial, la potestad de régimen reúne en el obispo diocesano, y de modo supremo en el Romano Pontífice, las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, aunque estas se distingan conceptualmente entre sí y se ejerzan habitualmente a través de órganos e instancias diferenciadas, como los tribunales, los dicasterios o las curias diocesanas. Esta concentración no debe interpretarse como ausencia de límites jurídicos, pues el propio ordenamiento canónico procura que la función judicial se encauce normalmente a través de jueces y tribunales constituidos conforme a derecho, y no de manera directa y discrecional por parte de quien originariamente posee la potestad. De este modo, el derecho canónico presenta un modelo de organización del poder distinto al estatal, pero no por ello menos sujeto a reglas y procedimientos preestablecidos. La existencia de tribunales eclesiásticos refuerza la idea de que el derecho canónico funciona como un sistema jurídico autónomo. Un ordenamiento jurídico no solo requiere normas, sino también órganos encargados de resolver conflictos conforme a esas normas. En el derecho canónico existen tribunales que conocen asuntos internos de la Iglesia, entre ellos procesos de nulidad matrimonial, causas penales, procesos contenciosos, procedimientos administrativos y recursos. La Javeriana explica que el derecho procesal canónico regula los procedimientos judiciales dentro de la Iglesia e incluye normas sobre tribunales eclesiásticos, jueces, abogados, pruebas, sentencias y recursos, con la finalidad de garantizar justicia y debido proceso en el ámbito eclesial (Pontificia Universidad Javeriana, 2025). Este elemento jurisdiccional es esencial para distinguir al derecho canónico de una simple regla moral o religiosa. Un ejemplo claro de la autonomía jurisdiccional canónica se observa en los procesos de nulidad matrimonial. Para el derecho estatal, el matrimonio civil produce efectos jurídicos dentro del ordenamiento del Estado. En cambio, para el derecho canónico, el matrimonio sacramental posee una regulación propia, con requisitos, impedimentos, efectos y causales de nulidad distintos. Los
https://www.riceso.org 258 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO tribunales eclesiásticos pueden conocer procesos de nulidad matrimonial conforme al derecho canónico, evaluando si el vínculo fue válidamente constituido desde la perspectiva de la Iglesia. Esto no significa que el tribunal eclesiástico actúe como tribunal estatal, sino que ejerce una jurisdicción interna propia. La posible eficacia civil de esa decisión dependerá del reconocimiento que el Estado otorgue a tales resoluciones, generalmente a través de normas internas, acuerdos o concordatos. La estructura jurisdiccional de la Iglesia se organiza, además, en distintas instancias que permiten la revisión de las decisiones adoptadas en primer grado. Los tribunales diocesanos e interdiocesanos conocen habitualmente en primera instancia los procesos de nulidad matrimonial y otras causas contenciosas, mientras que los tribunales metropolitanos y, muy especialmente, el Tribunal de la Rota Romana, actúan como instancias de apelación dentro del ordenamiento canónico. Por encima de ellos se sitúa el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, que funciona como una suerte de corte de casación de la justicia ordinaria de la Iglesia y que, además, vela por la recta administración de justicia en todos sus tribunales. Esta organización escalonada, semejante en su lógica a la de los sistemas judiciales estatales, evidencia que la autonomía jurisdiccional canónica no se agota en la existencia de tribunales aislados, sino que responde a un verdadero sistema procesal articulado en diferentes grados. Este punto permite diferenciar el derecho canónico del derecho eclesiástico estatal. El derecho canónico es el derecho propio de la Iglesia católica, producido por autoridades eclesiásticas y dirigido a regular su vida interna. En cambio, el derecho eclesiástico estatal es una rama del derecho del Estado que regula el fenómeno religioso desde la perspectiva civil, incluyendo la libertad religiosa, la personalidad jurídica de las confesiones, los efectos civiles de ciertos actos religiosos, el régimen patrimonial de las entidades religiosas y las relaciones entre el Estado y las iglesias (Carranco Meneses, 2012). La confusión entre ambos conceptos puede llevar a errores importantes: el derecho canónico pertenece al ordenamiento eclesial, mientras que el derecho eclesiástico pertenece al ordenamiento estatal. La diferencia anterior es fundamental para analizar la autonomía del derecho canónico. Si el derecho canónico fuera simplemente una rama del derecho estatal, su validez dependería
https://www.riceso.org 259 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO directamente de la constitución o de la legislación civil. Sin embargo, su existencia y aplicación dentro de la Iglesia no dependen del reconocimiento estatal, sino de la autoridad eclesiástica. El Estado puede reconocer ciertos efectos civiles de instituciones canónicas, pero ese reconocimiento no crea el derecho canónico; únicamente permite que algunas de sus consecuencias sean tomadas en cuenta en el ámbito civil. Por ejemplo, un Estado puede reconocer efectos civiles a un matrimonio religioso o a una sentencia eclesiástica de nulidad matrimonial, pero esa posibilidad surge de una decisión del ordenamiento estatal, no de una subordinación absoluta entre ambos sistemas. (véase Tabla 3) Tabla 3: Zonas de Contacto entre el Derecho Canónico y el Derecho Estatal La relación entre derecho canónico y derecho estatal no es, por tanto, de identidad, sino de coexistencia. Ambos ordenamientos pueden operar sobre una misma realidad social, pero desde perspectivas distintas. El derecho estatal atiende a la organización política y civil de la sociedad, mientras que el derecho canónico responde a la misión, organización y disciplina de la Iglesia. Sin embargo, existen zonas de contacto donde ambos sistemas pueden relacionarse. Entre ellas pueden mencionarse el matrimonio canónico con efectos civiles, los concordatos, la personalidad jurídica de entidades religiosas, los beneficios fiscales, la administración de bienes eclesiásticos, el reconocimiento de sentencias eclesiásticas y la libertad religiosa. Estas zonas de contacto
https://www.riceso.org 260 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO muestran que la autonomía canónica no elimina la necesidad de coordinación con el Estado. Según Molano (1983), el orden moral y jurídico nace de la siguiente forma: A Tomasio se atribuye la distinción entre orden moral y orden jurídico, basada en la dimensión interior y exterior de la actividad humana. Según él, mientras la moralidad se refiere a la interioridad, el Derecho regula la actividad externa del hombre, que requiere además la intersubjetividad y la posibilidad de la coacción. De acuerdo con sus ideas protestantes, de carácter pietista, la esfera interior de la conciencia no puede ser objeto de restricción alguna por parte de la autoridad y del Derecho, aunque sobre ella pueda incidir la enseñanza moral de la Iglesia, concebida como comunidad espiritual y de culto, sin competencia en el ámbito de lo jurídico. A la autoridad civil le corresponde, en cambio, la regulación de la actividad externa de la sociedad, por medio de normas jurídicas dotadas de coacción que, en cuanto tales, no pueden extenderse a la esfera interior. (pp. 717- 718) Antes de profundizar en los concordatos como instrumento de esa coordinación, conviene precisar que la capacidad de la Iglesia para relacionarse jurídicamente con los Estados descansa, en buena medida, en la condición de la Santa Sede como sujeto de derecho internacional, distinta del Estado de la Ciudad del Vaticano. Mientras este último constituye la base territorial que garantiza la independencia material de la Iglesia frente a cualquier poder político, la Santa Sede es la que mantiene relaciones diplomáticas con numerosos Estados y participa como observadora en organismos internacionales. Esta doble condición explica por qué la Iglesia puede celebrar acuerdos internacionales sin que ello suponga someterse al derecho de ningún Estado en particular, y por qué dichos acuerdos se sitúan en un plano de coordinación entre sujetos jurídicos distintos, y no en el de una simple autorización estatal hacia una institución interna. Los concordatos son un ejemplo importante de esa relación entre ordenamientos. A través de ellos, la Santa Sede y los Estados regulan determinados aspectos de sus relaciones, como el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, los efectos civiles del matrimonio
https://www.riceso.org 261 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO canónico, el régimen educativo, los asuntos patrimoniales o la asistencia religiosa en instituciones públicas. Desde esta perspectiva, los concordatos no eliminan la autonomía del derecho canónico, sino que funcionan como mecanismos de articulación entre dos sujetos jurídicos distintos. Los concordatos son fuentes relacionadas con el derecho canónico, en la medida en que regulan la relación entre la Iglesia y los Estados (UNIR Revista, 2021). Por tanto, los concordatos evidencian que la autonomía canónica puede coexistir con mecanismos de cooperación jurídica. Sobre los concordatos expresa Osuchowska, (2014): Cabe destacar que los concordatos de una misma época histórica se parecían en cuanto a sus objetivos y contenido. En el caso de América Latina esto se explicaba, sobre todo al principio, cuando la mayoría de estos países vivían el mismo momento histórico y, a veces, hasta bajo las mismas regulaciones legales internas. Al mismo tiempo, cada concordato servía para resolver problemas políticos, religiosos y económicos concretos típicos de los países dados. Cada concordato tenía su carácter. Su objetivo común era con-seguir por la Santa Sede la garantía legal de la libertad para la Iglesia como institución, lo cual les daría una posición privilegiada con respecto a otras sociedades religiosas. (p. 66) La calificación del derecho canónico como derecho estatutario en algunos ordenamientos estatales también permite comprender esta relación. La doctrina española ha analizado cómo el derecho canónico puede ser considerado, en determinados casos, como un derecho estatutario aplicable a las entidades eclesiásticas reconocidas por el Estado, especialmente cuando se trata de determinar su estructura interna, gobierno y régimen jurídico propio (Rodríguez García, 1999). Esta visión no convierte al derecho canónico en derecho estatal, sino que permite al Estado reconocer que ciertas entidades religiosas se rigen internamente por normas propias. En consecuencia, el derecho canónico puede tener relevancia civil cuando el propio ordenamiento estatal admite que determinadas organizaciones religiosas funcionen conforme a sus estatutos internos. Esta posibilidad de reconocimiento estatutario no sería viable sin el marco constitucional de libertad religiosa que caracteriza a la mayoría de los Estados contemporáneos. Al garantizar la
https://www.riceso.org 262 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO libertad de las confesiones para organizarse internamente, las constituciones modernas abren un espacio jurídico dentro del cual el derecho canónico puede desplegar sus efectos sin necesidad de transformarse en derecho estatal. Sin ese reconocimiento constitucional previo, la calificación del derecho canónico como derecho estatutario carecería de fundamento dentro del ordenamiento civil, pues ningún Estado estaría obligado a admitir la eficacia de normas ajenas a su propia producción legislativa. De ahí que la autonomía canónica, aun siendo propia y originaria, dependa en buena medida de la actitud que cada Estado adopte frente al fenómeno religioso. Sin embargo, la autonomía del derecho canónico no es absoluta. Al igual que ocurre con otros sistemas normativos no estatales, su reconocimiento en el ámbito civil encuentra límites en el orden público, los derechos fundamentales y la soberanía estatal. El Estado no está obligado a reconocer cualquier efecto jurídico derivado de una norma canónica si este contradice principios esenciales del ordenamiento estatal. Por ejemplo, una decisión eclesiástica puede tener plena validez dentro de la Iglesia, pero no necesariamente producir efectos civiles automáticos si afecta derechos fundamentales, igualdad ante la ley, debido proceso o disposiciones de orden público. Esta limitación no niega la autonomía canónica, sino que marca el punto en el cual el derecho estatal conserva su competencia dentro del ámbito civil. La autonomía jurídica del derecho canónico también se demuestra en su dimensión sancionadora. El Código de Derecho Canónico reconoce que la Iglesia tiene derecho propio a imponer sanciones a los fieles que cometen delitos canónicos (Iglesia Católica, 1983, c. 1311). Esta potestad sancionadora es relevante porque muestra que el derecho canónico no solo formula deberes abstractos, sino que también prevé consecuencias jurídicas internas ante determinadas conductas. Las sanciones canónicas no son iguales a las penas estatales, porque no se ejecutan mediante la fuerza pública del Estado ni persiguen necesariamente los mismos fines. Sin embargo, cumplen una función disciplinaria dentro de la comunidad eclesial y buscan preservar el orden, la comunión y la misión de la Iglesia. Dentro de esta dimensión sancionadora, el propio Código distingue entre penas latae sententiae, que se incurren automáticamente al cometerse la conducta prohibida, y penas ferendae sententiae, que requieren de una decisión expresa de la autoridad competente para su imposición.
https://www.riceso.org 263 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO Las censuras constituyen las sanciones más graves previstas por el ordenamiento canónico: la excomunión, el entredicho y la suspensión, esta última reservada exclusivamente a los clérigos, restringen en distinta medida la participación del fiel en determinados actos de la vida sagrada de la Iglesia o el ejercicio de ciertos oficios, sin que ello implique su expulsión de la comunidad de los bautizados (Iglesia Católica, 1983, cc. 1331-1333). Esta variedad de figuras sancionadoras, graduadas según la gravedad de la conducta y la condición del sujeto, demuestra que el derecho canónico no se limita a enunciar deberes generales, sino que ha desarrollado una verdadera dogmática penal propia, con categorías y consecuencias diferenciadas. Tal desarrollo técnico confirma, una vez más, que la potestad sancionadora de la Iglesia se ejerce dentro de un sistema ordenado y no de manera arbitraria. Un ejemplo de esta diferencia puede observarse en la distinción entre sanción penal estatal y sanción canónica. Si una persona comete una conducta delictiva en el orden civil, el Estado puede imponer penas como prisión, multa o inhabilitación, conforme a su legislación penal. En cambio, si una conducta constituye también una infracción canónica, la Iglesia puede imponer consecuencias internas, como censuras, privación de oficios eclesiásticos o restricciones en la participación de ciertos actos religiosos. Ambas respuestas pueden coexistir, pero pertenecen a órdenes distintos. El Estado protege el orden jurídico civil; la Iglesia protege su orden eclesial. Esta coexistencia confirma que la autonomía canónica existe, pero opera dentro de un ámbito propio y limitado. Otro argumento importante a favor de la autonomía del derecho canónico es la existencia de ramas internas especializadas. La Javeriana identifica áreas como el derecho procesal canónico, derecho matrimonial canónico, derecho penal canónico y derecho administrativo eclesiástico o canónico, cada una con objeto, principios y procedimientos propios (Pontificia Universidad Javeriana, 2025). Esta división interna revela un grado considerable de desarrollo jurídico, pues no se trata de normas dispersas o meramente pastorales, sino de un sistema con categorías técnicas semejantes a las de otros ordenamientos jurídicos. El derecho penal canónico, en particular, refleja con claridad ese grado de especialización técnica. Este conjunto de normas, contenido principalmente en el Libro VI del Código, tipifica los delitos
https://www.riceso.org 264 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO canónicos y establece las penas correspondientes, siguiendo una lógica de legalidad y tipicidad no del todo ajena a la que rige el derecho penal estatal. Así, para que una conducta sea sancionable canónicamente, debe estar previamente definida como delito por el propio ordenamiento, y su imposición debe respetar garantías mínimas como el derecho de defensa y la debida proporcionalidad entre la falta y la sanción. Esta exigencia de predeterminación normativa confirma que la potestad sancionadora de la Iglesia no se ejerce de manera arbitraria, sino conforme a criterios jurídicos previamente establecidos y verificables. El derecho administrativo canónico resulta especialmente útil para demostrar la complejidad del sistema canónico. Esta rama regula la actuación administrativa de la autoridad eclesiástica, los actos de gobierno, los nombramientos, las licencias, la administración de bienes y los mecanismos de impugnación frente a decisiones de autoridad. El derecho administrativo canónico se ha configurado como un área autónoma y particular dentro de la estructura eclesiástica, lo que refleja una nueva forma de comprender el ejercicio del gobierno en la Iglesia (Daza Amaya, 2019, p.7). Esto significa que la Iglesia no solo cuenta con normas sustantivas, sino también con controles jurídicos sobre sus propias decisiones administrativas. Dentro de esa lógica, el recurso jerárquico es una herramienta significativa. Este mecanismo permite que una persona afectada por un acto administrativo eclesiástico pueda acudir ante una autoridad superior para solicitar la revisión de la decisión. Daza Amaya explica que el recurso jerárquico funciona como una vía de control frente a actos administrativos singulares, extrajudiciales y de fuero externo emitidos por autoridad competente (Daza Amaya, 2019). La existencia de este recurso demuestra que dentro del derecho canónico hay preocupación por la tutela jurídica, la revisión de actos de autoridad y la protección de derechos subjetivos, elementos característicos de un sistema jurídico maduro. Más allá del recurso jerárquico ante la autoridad inmediatamente superior, el ordenamiento canónico prevé la posibilidad de acudir, en determinados supuestos, ante los dicasterios de la Curia Romana competentes por razón de la materia y, agotada esa vía, ante la sección encargada de lo contencioso-administrativo dentro del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. Esta última instancia, que la propia doctrina canónica ha comparado con los consejos de Estado
https://www.riceso.org 265 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO existentes en algunos ordenamientos nacionales, permite revisar la legalidad de ciertos actos administrativos singulares emanados de la autoridad eclesiástica, verificando si se ajustaron a derecho al momento de su expedición. La existencia de este control jurisdiccional sobre la propia Administración eclesiástica resulta especialmente significativa, pues equivale, dentro de su ámbito, a la función que cumple la jurisdicción contencioso-administrativa en los ordenamientos estatales frente a los actos de la Administración pública. De esta manera, la Iglesia no solo produce actos de gobierno, sino que somete esos mismos actos a un control jurídico posterior, reforzando la idea de una autoridad limitada por el propio derecho que ella misma ha creado. La presencia de procedimientos administrativos y judiciales dentro de la Iglesia también evidencia que la autoridad eclesiástica no actúa de manera puramente discrecional. El derecho canónico establece límites, competencias, formas de actuación y vías de impugnación. En ese sentido, la autoridad dentro de la Iglesia está jurídicamente ordenada. El ejercicio del gobierno eclesiástico no supone una autonomía absoluta o discrecionalidad ilimitada, sino que se encuentra sujeto al principio de legalidad y a las directrices establecidas por el propio ordenamiento canónico (Daza Amaya, 2019). Esto es esencial para sostener que el derecho canónico no es simple autoridad religiosa, sino autoridad jurídicamente regulada. A su vez, el derecho canónico reconoce derechos de los fieles. Esto resulta relevante porque un ordenamiento jurídico no solo impone deberes, sino que también protege posiciones jurídicas subjetivas. Dentro de la Iglesia, los fieles tienen derechos y obligaciones que deben ser respetados por la autoridad eclesiástica. De ahí que los procedimientos canónicos, los recursos y los tribunales no solo sirvan para mantener la disciplina interna, sino también para garantizar cierto equilibrio entre autoridad y derechos. Esta dimensión permite afirmar que el derecho canónico contiene una lógica jurídica propia, en la cual la autoridad se ejerce dentro de límites normativos y no de forma meramente arbitraria. Entre los derechos reconocidos a los fieles se encuentran, por ejemplo, el derecho a la buena fama y a la propia intimidad, el derecho a no ser sancionado sino conforme a la norma legal, y el principio de igualdad fundamental entre todos los bautizados en cuanto a la dignidad y a la acción común en la edificación de la Iglesia, sin perjuicio de la diversidad de funciones y oficios (Iglesia Católica,
https://www.riceso.org 266 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO 1983, cc. 208, 220-221). Estos derechos no son meras declaraciones programáticas, sino posiciones jurídicas exigibles ante la propia autoridad eclesiástica cuando esta actúa fuera de los cauces previstos por el derecho, e incluyen incluso el derecho del fiel a ser juzgado conforme a normas aplicadas con equidad cuando es llamado a un proceso. Su reconocimiento expreso dentro del Código refuerza la idea de que el ordenamiento canónico, aunque jerárquico en su estructura de gobierno, no excluye la existencia de garantías individuales frente al ejercicio de la autoridad. Esta combinación entre autoridad jerárquica y derechos subjetivos es, precisamente, uno de los rasgos que acercan al derecho canónico a la noción moderna de ordenamiento jurídico, en la medida en que este último no se limita a organizar el poder, sino que también protege a quienes están sometidos a él. La finalidad del derecho canónico también contribuye a comprender su autonomía. A diferencia del derecho estatal, cuya finalidad general es ordenar la convivencia social, proteger derechos civiles y garantizar el funcionamiento del Estado, el derecho canónico se orienta hacia la misión de la Iglesia y la salvación de las almas. El canon 1752 del Código de Derecho Canónico expresa el principio de que la salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia (Iglesia Católica, 1983, c. 1752). Esta finalidad no elimina el carácter jurídico del derecho canónico, pero sí muestra que su racionalidad interna es distinta a la del derecho estatal. Su autonomía se explica precisamente porque responde a un fin institucional y espiritual propio. La diferencia de fines no impide que el derecho canónico utilice categorías jurídicas semejantes a las del derecho estatal. En ambos ordenamientos existen normas, competencias, procedimientos, responsabilidad, sanciones, recursos y órganos de decisión. Sin embargo, esas categorías se adaptan a contextos distintos. Por ejemplo, el derecho procesal estatal busca resolver controversias civiles, penales, laborales o administrativas dentro del Estado; el derecho procesal canónico busca resolver controversias dentro de la Iglesia. El derecho administrativo estatal controla la actuación de la Administración pública; el derecho administrativo canónico controla determinados actos de autoridad eclesiástica. Esta semejanza técnica no borra la diferencia esencial: cada sistema responde a una autoridad, comunidad y finalidad propia. Otra categoría técnica que evidencia esta semejanza estructural es la de la persona jurídica canónica. El propio Código establece que, además de las personas físicas, existen en la Iglesia personas jurídicas que son sujetos de derechos y obligaciones acordes con su propia naturaleza, calidad que se atribuye a las
https://www.riceso.org 267 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO diócesis, las parroquias, los institutos de vida consagrada y otras entidades eclesiales, permitiéndoles adquirir bienes, contraer obligaciones y comparecer en juicio como verdaderos sujetos de derecho (Iglesia Católica, 1983, c. 113). Esta figura, construida con una técnica jurídica propia que distingue entre agrupaciones de personas y agrupaciones de bienes ordenadas a un fin eclesial, demuestra que el derecho canónico no se limita a regular a la persona física del fiel individualmente considerado, sino que ha desarrollado también instrumentos para organizar jurídicamente a las instituciones eclesiales como tales. La semejanza con la figura civil de la persona jurídica no implica identidad plena entre ambas instituciones, pero sí revela un nivel de elaboración técnica que difícilmente podría atribuirse a un sistema puramente moral o doctrinal. El reconocimiento del derecho canónico como sistema autónomo también tiene importancia histórica. Durante siglos, el derecho canónico influyó en la formación de instituciones jurídicas occidentales, especialmente en materia matrimonial, procesal, patrimonial y administrativa. La tradición jurídica europea no puede comprenderse plenamente sin la influencia del derecho canónico, particularmente durante la Edad Media, cuando formó parte del ius commune junto con el derecho romano. Aunque el Estado moderno consolidó su soberanía y separó progresivamente el derecho civil del derecho religioso, la importancia histórica del derecho canónico permaneció en instituciones, categorías y técnicas jurídicas que todavía son objeto de estudio académico. (véase Tabla 4) Tabla 4: Línea de Tiempo: Proceso de codificación del Derecho Canónico
https://www.riceso.org 268 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO Dentro de ese proceso histórico, resulta obligado mencionar la obra de Graciano, cuyo Decreto, compuesto hacia mediados del siglo XII, constituyó el primer gran esfuerzo sistemático por ordenar y conciliar las normas canónicas dispersas hasta entonces en concilios, decretales pontificias y escritos de los Padres de la Iglesia. Esta compilación, junto con las decretales posteriores reunidas en lo que se conoció como el Corpus Iuris Canonici, sirvió de base para la enseñanza del derecho canónico en las universidades medievales y para su aplicación práctica en los tribunales eclesiásticos de la época. La influencia de estas fuentes fue tan relevante que buena parte de la técnica jurídica desarrollada por los canonistas medievales, como la teoría de las fuentes, la interpretación de las normas o la construcción de los procesos judiciales, terminó siendo asimilada también por el derecho civil de la época dentro del marco común del ius commune. Este legado histórico confirma que la autonomía y sofisticación del derecho canónico no son un fenómeno reciente, sino el resultado de una tradición jurídica de varios siglos de desarrollo continuo. En el ámbito contemporáneo, la autonomía del derecho canónico debe ser entendida dentro de sociedades pluralistas y constitucionales. Los Estados modernos reconocen la libertad religiosa y permiten que las confesiones organicen internamente su vida institucional. Sin embargo, ese reconocimiento no significa que las confesiones religiosas puedan actuar al margen de todo límite estatal. Carranco Meneses advierte que el derecho eclesiástico estatal surge precisamente como una normativa del Estado destinada a regular las actividades religiosas y las relaciones entre el Estado y las iglesias (Carranco Meneses, 2012). En consecuencia, el Estado no crea el derecho canónico, pero sí regula las condiciones bajo las cuales las entidades religiosas actúan en el espacio civil. La forma en que cada Estado articula esa regulación varía considerablemente según el modelo de relación entre poder político y confesiones religiosas que haya adoptado históricamente. Así, suelen distinguirse sistemas de separación estricta, en los que el Estado se abstiene de cualquier reconocimiento especial hacia una confesión determinada; sistemas de unión o confesionalidad, en los que una religión ocupa una posición oficial dentro del ordenamiento estatal; y sistemas de cooperación, en los que el Estado, sin identificarse con ninguna confesión, mantiene relaciones de colaboración con las iglesias mediante acuerdos o concordatos. Esta clasificación permite comprender por qué la relación entre derecho canónico y derecho estatal no se manifiesta de la misma manera en todos los países, pues el margen de reconocimiento civil de las instituciones canónicas depende, en gran medida, del modelo adoptado por cada ordenamiento constitucional. En los sistemas de cooperación, precisamente, es donde la coexistencia entre ambos ordenamientos suele mostrarse de manera más visible, en la medida en que el Estado reconoce expresamente ciertos efectos civiles a instituciones y actos de origen canónico.
https://www.riceso.org 269 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO En este punto se produce una tensión relevante: por un lado, la Iglesia tiene derecho a organizarse conforme a sus propias normas; por otro, el Estado debe garantizar derechos fundamentales, igualdad, seguridad jurídica y orden público. Esta tensión se observa, por ejemplo, en asuntos patrimoniales. Una entidad eclesiástica puede tener reglas internas para administrar sus bienes, pero si esos bienes producen efectos civiles, se inscriben en registros públicos, generan obligaciones tributarias o participan en relaciones contractuales, el derecho estatal también interviene. Así, el derecho canónico puede regular internamente la administración de bienes eclesiásticos, pero el derecho estatal regula los efectos civiles externos de esas operaciones. Algo similar ocurre con las decisiones disciplinarias internas. La Iglesia puede imponer sanciones canónicas a un clérigo o fiel conforme a su propio derecho. Sin embargo, si la conducta sancionada también constituye una infracción penal o civil en el ordenamiento estatal, corresponde al Estado investigar y sancionar conforme a sus propias normas. La autonomía canónica no puede utilizarse como obstáculo para la responsabilidad civil o penal ante el Estado. Este punto es fundamental para evitar una concepción absoluta de la autonomía religiosa. La autonomía del derecho canónico existe, pero no puede convertirse en inmunidad frente al ordenamiento estatal. El derecho matrimonial canónico permite apreciar con claridad la relación entre autonomía y límites. Para la Iglesia, el matrimonio canónico tiene una dimensión sacramental y se rige por normas propias sobre consentimiento, impedimentos, forma, efectos y nulidad. Para el Estado, en cambio, lo relevante es determinar si ese acto produce o no efectos civiles. En algunos países, el matrimonio canónico puede tener reconocimiento civil; en otros, solo el matrimonio civil produce efectos jurídicos estatales. En ambos casos, el derecho canónico conserva su autonomía interna: puede declarar la nulidad de un matrimonio en el ámbito eclesial, aunque el Estado decida reconocer o no efectos civiles a esa declaración. Esta separación funcional demuestra que ambos sistemas pueden coexistir sin confundirse. Este mismo ámbito matrimonial permite advertir otro rasgo distintivo de la técnica canónica, como es el régimen de los impedimentos y las dispensas. El derecho canónico establece determinadas circunstancias que impiden, en principio, la celebración válida del matrimonio, pero prevé al mismo tiempo la posibilidad de que la autoridad competente dispense de algunos de esos impedimentos cuando existe una causa justa, como ocurre habitualmente en los matrimonios entre un fiel católico y una persona bautizada en otra confesión, o entre un católico y una persona no bautizada. Este mecanismo de dispensa demuestra que el ordenamiento canónico combina reglas generales con instrumentos de flexibilización, aplicados siempre por la autoridad competente y conforme a criterios previamente establecidos, y no según la sola voluntad
https://www.riceso.org 270 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO discrecional de quien los concede. De esta manera, el derecho matrimonial canónico no solo protege el carácter sacramental del vínculo, sino que también atiende a las circunstancias pastorales concretas de quienes desean contraerlo. La autonomía del derecho canónico también puede explicarse desde la teoría del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico sostiene que dentro de una misma sociedad pueden coexistir varios sistemas normativos con distintos grados de reconocimiento y eficacia. Desde esta perspectiva, el derecho estatal no es la única forma posible de juridicidad. Existen ordenamientos profesionales, comunitarios, religiosos, deportivos o internacionales que regulan conductas y producen consecuencias dentro de ámbitos específicos. El derecho canónico es un ejemplo particularmente desarrollado de esta realidad, porque combina antigüedad histórica, codificación, instituciones propias, tribunales y mecanismos de aplicación. Esta perspectiva pluralista encuentra un respaldo teórico particularmente relevante en la obra del jurista italiano Santi Romano, quien en L'ordinamento giuridico (1918), formuló la conocida teoría institucional del derecho, según la cual todo ordenamiento jurídico presupone una institución organizada, y no necesariamente la existencia previa de un Estado. Romano llegó a esta conclusión precisamente a partir de su reflexión sobre el derecho internacional y el derecho canónico, disciplinas que, por carecer de un fundamento estatal directo, le permitieron intuir el carácter inevitablemente plural del fenómeno jurídico. Esta construcción doctrinal ofrece un fundamento teórico sólido para explicar por qué el derecho canónico puede ser estudiado como un verdadero ordenamiento jurídico autónomo, y no como una simple manifestación de moral religiosa revestida de lenguaje jurídico. Desde esta óptica, la antigüedad, la complejidad institucional y la capacidad de autorregulación del derecho canónico lo convierten en uno de los casos más citados por la doctrina para ilustrar la viabilidad del pluralismo jurídico frente a las concepciones estrictamente estatalistas del derecho. No obstante, no todo sistema normativo no estatal alcanza el mismo nivel de juridicidad. Lo que distingue al derecho canónico es su alto grado de institucionalización. La Iglesia católica no solo posee reglas de comportamiento religioso, sino un aparato normativo y organizativo complejo. Tiene códigos, tribunales, autoridades legislativas y administrativas, procedimientos, sanciones, jurisprudencia y especialistas. UNIR Revista destaca que el derecho canónico conforma el ordenamiento jurídico de una institución independiente, con tribunales, jurisprudencia, abogados especialistas, principios generales y códigos articulados (UNIR Revista, 2021). Esta complejidad permite ubicarlo más cerca de un ordenamiento jurídico completo que de un simple sistema moral.
https://www.riceso.org 271 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO Ahora bien, hay que afirmar que el derecho canónico es autónomo no implica afirmar que sea soberano en el mismo sentido que el Estado. El Estado posee soberanía territorial y monopolio de la fuerza pública. La Iglesia posee potestad interna sobre su organización y sus miembros, pero no fuerza pública estatal. Esta diferencia es decisiva. El derecho canónico obliga dentro de la comunidad eclesial y puede producir consecuencias espirituales, disciplinarias, administrativas o institucionales; pero no puede ejecutar coercitivamente sus decisiones como lo hace el Estado. De ahí que su autonomía sea real, pero de naturaleza distinta a la soberanía estatal. En este sentido afirma Errázuriz (1986), que “la Iglesia es un orden u ordenación de la vida religiosa de los hombres. Así como el Estado, en su opinión, se identifica con el conjunto de las normas jurídicas estatales” (p. 31). Esta ausencia de fuerza pública no significa que el derecho canónico carezca de mecanismos propios para garantizar su eficacia. Antes bien, la obediencia a sus normas descansa fundamentalmente en la adhesión de conciencia de los fieles y en el sentido de pertenencia a la comunión eclesial, más que en la amenaza de una coacción física externa. A ello se suma que la propia tradición canónica ha desarrollado el principio de la equidad canónica, entendido como un criterio para la interpretación y aplicación de las normas que atiende a las circunstancias del caso concreto, unido siempre a la salvación de las almas como clave interpretativa de todo el ordenamiento (Iglesia Católica, 1983, cc. 19 y 1752). Esta combinación entre normatividad jurídica y sensibilidad pastoral constituye, quizás, uno de los aspectos más singulares del derecho canónico frente a otros ordenamientos, pues logra conciliar la exigencia de reglas ciertas con la atención a las circunstancias particulares de cada fiel. Precisamente por ello, el derecho canónico debe analizarse desde una lógica distinta a la del derecho estatal. Exigirle las mismas características para reconocer su juridicidad supone desconocer la existencia de otros modelos de ordenamiento. Su fuerza normativa no descansa en el poder coercitivo del Estado, sino en la autoridad eclesial, la pertenencia institucional, el reconocimiento interno y la finalidad propia de la Iglesia. Esto no lo hace menos jurídico, sino jurídicamente diferente, pues obliga a los fieles e instituciones eclesiásticas a cumplir sus normas y faculta a la autoridad canónica para adoptar decisiones válidas dentro del orden eclesial. En consecuencia, el derecho canónico puede considerarse autónomo frente al derecho estatal por cuatro razones: posee fuentes propias; cuenta con autoridades encargadas de legislar, administrar justicia y gobernar; dispone de procedimientos y tribunales propios; y prevé sanciones y mecanismos de control dentro de la comunidad eclesial. Estos elementos demuestran que no constituye una simple manifestación doctrinal, sino un sistema jurídico organizado.
https://www.riceso.org 272 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO A ello se suma un elemento adicional: su reconocimiento como disciplina universitaria autónoma. Numerosas universidades pontificias ofrecen programas especializados que forman jueces, abogados y asesores para los tribunales eclesiásticos. Este desarrollo académico refleja un alto grado de institucionalización y confirma que el derecho canónico posee conceptos, métodos y problemas propios, reforzando su condición de sistema jurídico plenamente desarrollado. En relación con los casos de juez único, expresa Román (2028), “En el sistema del CIC de 1983, la regla general es que, por razón de la materia, se reservan a un juez único las causas que no estén expresamente señaladas para ser juzgadas por un tribunal colegia” (p. 238). No obstante, su autonomía debe entenderse de forma equilibrada. El derecho canónico no puede desconocer el orden jurídico estatal cuando sus decisiones producen efectos civiles, limitar derechos fundamentales ni sustituir la jurisdicción estatal en materias de orden público. Por ello, la relación entre ambos ordenamientos debe concebirse como una coexistencia basada en la cooperación y el respeto de sus respectivos ámbitos de competencia. En definitiva, el derecho canónico constituye un sistema jurídico autónomo, pues cuenta con normas, autoridades, procedimientos, tribunales y sanciones propios. Sin embargo, dicha autonomía no implica independencia absoluta frente al orden civil: sus efectos ante el Estado dependen del reconocimiento que este otorgue conforme a sus normas, principios constitucionales y límites de orden público. Así, la autonomía del derecho canónico se afirma, pero siempre dentro de la necesaria convivencia con el derecho estatal.
https://www.riceso.org 273 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO CONCLUSIÓN El análisis desarrollado permite afirmar, con fundamento teórico y comparativo, que el derecho canónico constituye un verdadero sistema jurídico autónomo, dotado de los elementos estructurales que caracterizan a todo ordenamiento jurídico: fuentes propias, autoridades competentes, tribunales, procedimientos y potestad sancionadora. Esta configuración normativa evidencia que la juridicidad no es exclusiva del Estado, sino que puede manifestarse en comunidades institucionales complejas, como la Iglesia católica, que poseen capacidad para organizar su vida interna conforme a reglas propias. No obstante, dicha autonomía debe ser comprendida en términos relativos y funcionales, y no como una forma de soberanía equiparable a la estatal. A diferencia del derecho estatal, el derecho canónico carece de monopolio de la fuerza pública y su eficacia se proyecta principalmente dentro del ámbito eclesial. En consecuencia, cuando sus normas o decisiones trascienden ese ámbito e inciden en la esfera civil, su reconocimiento y eficacia dependen del ordenamiento jurídico estatal, el cual actúa como marco de validación externa conforme a principios como el orden público, la protección de los derechos fundamentales y la soberanía estatal. En este contexto, la relación entre derecho canónico y derecho estatal no debe entenderse en términos de subordinación ni de exclusión, sino como una coexistencia articulada dentro de un modelo de pluralismo jurídico. Ambos ordenamientos operan sobre una misma realidad social, pero responden a fundamentos, finalidades y estructuras distintas. Mientras el Estado garantiza el orden jurídico civil y la tutela de derechos en el ámbito público, la Iglesia regula su organización interna y la vida de sus fieles conforme a su misión espiritual. Por tanto, reconocer la autonomía del derecho canónico implica aceptar la existencia de espacios normativos diferenciados dentro de las sociedades contemporáneas, sin desconocer los límites que impone el orden constitucional estatal. Esta perspectiva permite una comprensión más amplia del fenómeno jurídico, en la que la diversidad de sistemas normativos no constituye una amenaza, sino una manifestación del pluralismo propio de los Estados democráticos modernos.
https://www.riceso.org 274 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO LISTA DE REFERENCIAS Carranco Meneses, J. M. (2012). El derecho eclesiástico estatal en las instituciones del derecho canónico y su deficiente regulación de la personalidad jurídica de las iglesias [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. Dirección General de Bibliotecas, UNAM. https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2012/octubre/0685167/0685167.pdf Daza Amaya, F. H. (2019). Aproximación sustantivo-procesal al recurso jerárquico como medio de impugnación legítima en el ordenamiento administrativo-canónico eclesial [Tesis doctoral, Universidad Pontificia Comillas]. Repositorio Comillas. https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/38639/1/DEA001224.pdf Errázuriz, C. J. (1986). El Derecho Canónico en clave positivista. Ius Canonicum, 25(49), 29-56. https://doi.org/10.15581/016.25.18424 Ferrer Ortiz, J. (1996). El estudio del derecho canónico y del derecho eclesiástico del Estado. Universidad de Navarra. Iglesia Católica. (1983). Código de Derecho Canónico. Librería Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_sp.html Molano, E. (1983). El Derecho eclesiástico del Estado como disciplina jurídica. Ius Canonicum, 23(46), 713- 751. https://doi.org/10.15581/016.23.19182 Osuchowska, M. (2014). The influence of the Catholic Church in Latin America under the concordat regulations – Legal and historical studies. Revista del CESLA, (17). https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/view/43 Pontificia Universidad Javeriana. (2025, 29 de octubre). Todo sobre el derecho canónico: qué es, para qué sirve y cómo se aplica. https://derechocanonico.javeriana.edu.co/w/blog/quees-derecho- canonico Rodríguez García, J. A. (1999). El derecho canónico como derecho estatutario en el ordenamiento jurídico español. Ius Canonicum, 39(Extra 1), 1009–1020. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=621519
https://www.riceso.org 275 | Página Revista Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Salud y Sociología. ISSN 3117-2660 Vol. 1, No. 3, Año 2026 Ensayo Académico Septiembre – Diciembre 2026 RICESO Román Sánchez, R. (2024). Juez único, jueces laicos y asesores en el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus». Revista Española de Derecho Canónico, 75(184), 235–272. https://doi.org/10.36576/summa.50667 Salinas Araneda, C. (1996). Una aproximación al derecho canónico en perspectiva histórica. Revista De Estudios Histórico-Jurídicos, (18). Recuperado a partir de https://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/view/250 Gálvez Díaz, P. R., Rossis García, M. A., & Socorro Ovalles, J. A. (2026). Historia del Derecho Canónico en el Caribe: evolución histórica e influencia en la configuración jurídica y social de la región. Revista Interdisciplinaria De Ciencias De La Educación, Salud Y Sociología (RICESO), 1(3), 80-103. https://doi.org/10.66136/y56wej10 UNIR Revista. (2021, 13 de julio). Derecho canónico: en qué consiste, legislación y ejemplos de aplicación. Universidad Internacional de La Rioja. https://www.unir.net/revista/derecho/derecho-canonico/